sábado, 21 de enero de 2017

Unos tuits sobre Carrero

Estoy harto. Estoy hasta las narices de ver cómo crece el autoritarismo en mi país. De cómo resulta que los chistes de humor negro que se han hecho toda la vida sobre las víctimas de ETA ahora son delito. Incluso cuando la víctima es un dictador o declara públicamente no sentirse ofendida por los mismos. Y no cualquier delito, ojo: delito de terrorismo (con el viajecito a la Audiencia Nacional que ello conlleva), que es una categoría prevista para proteger el orden público. En la democrática España, atenta contra el orden público decir que la longevidad se pone del lado de los dictadores si no les das lo que a Carrero Blanco.

Llevamos un par de semanitas que para qué. Hace unos días conocimos que a una tuitera llamada Cassandra le están pidiendo la friolera de dos años y medio de cárcel por publicar mensajes como “Spiderman vs. Carrero Blanco” o coñas con la película “A 3 metros sobre el cielo”. Parece ser, por lo que dice en las respuestas al tuit, que habrá conformidad: ella reconocerá los hechos y su responsabilidad penal sobre los mismos, y el fiscal rebajará la petición de pena. Será condenada pero el castigo quedará suspendido.

Cuando vi este caso, me pareció una mala decisión por parte de Cassandra: yo no creo que esos chistes constituyan delito, y de ser el abogado de ella le habría aconsejado pelearse la absolución. Tampoco hice propaganda de mi opinión (cada quien lucha sus batallas como le parece, y no se puede culpar a nadie por no querer arriesgarse a entrar en la cárcel), pero seguí creyendo que de estar en el caso de ella yo habría hecho otra cosa. Hoy ya no estoy tan seguro.

Porque después de lo de Cassandra ha venido el caso de César Strawberry, y ése sí que tiene delito. Pongámonos en situación: Strawberry (conocido por ser el cantante de Def con Dos) fue denunciado por unos tuits con bromas sobre terrorismo. La Audiencia Nacional le absolvió, pero el Ministerio Fiscal recurrió. Y todos nos olvidamos del tema hasta que hemos sabido que el Tribunal Supremo le ha condenado a un año deprisión.

El hecho es, en sí, muy raro. No es frecuente que un tribunal superior condene a alguien que ha sido absuelto en primera instancia. Una de las razones es que el tribunal superior no puede modificar el relato de hechos probados. Se dice que dichos hechos son intangibles para él: no puede tocarlos. ¿Por qué? Porque es el tribunal inferior el que ha visto cómo se practicaba la prueba, y el que mejor puede formarse una idea de lo que ha pasado. El tribunal superior puede, como mucho, corregir la forma en que el inferior ha aplicado el derecho.

Esta es la razón por la cual en todas las sentencias penales hay un relato de “Hechos probados” claramente separado de los “Fundamentos jurídicos”. ¿Y qué incluyen esos hechos probados? Pues tanto los hechos externos (lo que el acusado hizo) como, en tanto que pueda determinarse, las intenciones (lo que el acusado quería lograr con sus actos). Ambos puntos son importantes, ya que en nuestro derecho, para condenar a alguien por un delito, hay que demostrar que lo hizo con dolo, es decir, sabiendo lo que hacía y queriendo hacerlo.

A Strawberry le acusaban de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Este delito tiene dos conductas: justificar el terrorismo o humillar a las víctimas de esta clase de delito. Pues bien, la Audiencia Nacional, en los hechos probados de la sentencia absolutoria, dijo lo siguiente: “no se ha acreditado que (…) buscase defender los postulados de una organización terrorista, ni tampoco despreciar o humillar a sus víctimas". Es decir, que no se ha probado que hubiera dolo ni para la conducta de justificar el terrorismo ni para la conducta de humillar a las víctimas. Repito que esa afirmación está en el relato de hechos, por lo que el Tribunal Supremo en principio debe aceptarla como si fuera sagrada.

Pero doctores tiene la Iglesia, y la sutileza es lo suyo. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Que la frase que he citado no habla del dolo de Strawberry. ¡Qué va! Simplemente se refiere a su móvil, es decir, al motivo por el cual cometió el delito. Si las cosas son así, nada impide que el Tribunal Supremo diga que por supuesto que hay dolo. ¡Es evidente que Strawberri sabía lo que hacía y quería hacerlo! Y si hay dolo, sólo nos basta constatar que las expresiones tienen contenido enaltecedor (¡hablan de los GRAPO y de secuestrar a Ortega Lara!) para concluir que estamos ante un delito. Vamos, lo que el Tribunal Supremo sostiene es lo siguiente: que Strawberry no buscaba humillar a las víctimas del terrorismo (como dicen los “Hechos probados” de la sentencia recurrida) pero que quería cometer un delito que consiste en humillar a las víctimas del terrorismo (1). ¿Lo entendéis? Yo tampoco.

A ver, no voy a mentir. El razonamiento tiene lógica en abstracto: si sabemos que el acusado quería cometer un delito (el dolo) no nos importa por qué quería cometerlo (el móvil). Y es aplicable a ciertos delitos, como el homicidio: una vez determinamos que A quería matar a B, en principio es irrelevante que quisiera hacerlo por odio, por dinero o porque creía que estaba poseído. Pero en delitos como los que ahora nos ocupan, la distinción pierde sentido. Alguien que no quiere justificar el terrorismo (tiene otro motivo para decir tales o cuales expresiones, como por ejemplo el humor o la queja política) no puede cometer un delito que consiste en justificar el terrorismo, pues uno de los elementos del dolo es precisamente la voluntad de realizar el hecho.

El resto de la sentencia no es más que morralla dedicada a recopilar jurisprudencia favorable, supongo que con la intención de que nos olvidemos de la barbaridad que acabamos de leer. Porque es una barbaridad, que hace una distinción donde no debe hacerse con el fin de descontextualizar los tuits. En este sentido, coincido con el voto particular que formula uno de los magistrados, cuya tarea es precisamente romper tanta fineza jurídica mal aplicada y devolver el asunto a la realidad. Los tuits no son más que exabruptos cuya intención es provocar o escandalizar. Punto pelota.

El voto particular termina con un punto que a mí me parece vital. ¿Por qué penalizamos el enaltecimiento del terrorismo? Porque puede “estimular la práctica” de otros delitos de terrorismo. Así que, para castigar las acciones de enaltecimiento es necesario que haya una cierta relación, “de manera que quienes ejecutan actos de terrorismo puedan beneficiarse de ellas o rentabilizarlas en términos de apoyo, generación de consenso o de prestigio social”. Todo esto no sucede y, lo que es más, no va a suceder. ETA ha desaparecido, el único terrorismo al que se enfrenta España es el de ISIS, y nadie lo apoya en público. Si alguien lo hiciera, sería inmediatamente contestado desde todas las instancias y el resultado final sería precisamente el opuesto al que le interesa a ISIS.

Por eso mismo, creo que deberíamos ir pensando en sacar el enaltecimiento del terrorismo del Código Penal. Porque no tiene sentido que, ahora que España ya no tiene un problema de terrorismo, eso siga ahí. Y no sólo eso, sino que en la última reforma penal le aumentaron la pena, y ya se ve que la Fiscalía está muy volcada en el asunto. Vamos, que es una figura que se ha quedado para castigar a gente molesta y para generar un clima de miedo entre la oposición política. Nunca sabes si el chiste que hiciste hace dos años acerca del atentado que mató a un dictador te va a llevar a la Audiencia Nacional.

Debe ser esto lo que llaman democracia.


[ADDENDA 21/01/2017, 8:55 - Recomiendo la lectura de este artículo de un magistrado del TSJ de Andalucía, que explica el tema del móvil y el dolo con bastante más claridad de la que yo he sabido alcanzar]




(1) El absurdo es tal que el Tribunal Supremo sostiene en un párrafo que “la intención que anima al autor de un hecho forma parte de éste” y, en el siguiente, que “la estructura típica del delito previsto en el art. 578 del CP no precisa la acreditación de con qué finalidad se ejecutan los actos de enaltecimiento o humillación”. Hasta donde yo sé, “intención” y “finalidad” son sinónimos, pero el Tribunal Supremo parece creer que son cosas distintas.



¿Te ha gustado esta entrada? ¿Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la página de Patreon de Así Habló Cicerón. A cambio podrás leer las entradas antes de que se publiquen, recibirás PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun así sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma página a la derecha tienes un botón de PayPal para que dones lo que te apetezca. ¡Muchas gracias!

viernes, 20 de enero de 2017

El testimonio de la víctima

Cuando se habla de violencia de género o de delitos sexuales, es muy común escuchar frases de este estilo: “es que ya te condenan sin pruebas: sólo con el testimonio de la presunta víctima te detienen y te meten en la cárcel”. Esta idea tiene una buena cantidad de imprecisiones terminológicas, que no voy a aclarar aquí porque no terminaríamos hasta mañana. Sin embargo, sí quiero detenerme en una de ellas: la que diferencia “testimonio” de “prueba”.

Aquí va una que os sorprenderá: un testimonio es un tipo de prueba. Alucinante, ¿eh? Los testigos son uno de los medios de los que se sirve el juez para intentar llegar a la verdad de los hechos, exactamente igual que los documentos contables en donde consta el fraude, que las grabaciones de cámara donde se ve el robo y que los informes periciales acerca del arma usada en el asesinato. Igual que el resto de las pruebas, se exponen durante el juicio, son objeto de contradicción (es decir, que ambas partes pueden debatir sobre ellas) y se valoran en su justa medida.

Por supuesto, las declaraciones de los testigos son una prueba con un perfil muy particular. La mente humana es imperfecta, y teniendo en cuenta lo que tarda la justicia en resolver las cosas, es muy probable que no todos los testigos recuerden las cosas de la misma manera. Además, si los testigos son gente relacionada directamente con la víctima o con el acusado, pueden tener incentivos para mentir. Y una mentira descarada es muy fácil pillarla, pero la mayoría de falsedades son más sutiles.

Sin embargo, eso no quiere decir que los testimonios dejen de ser pruebas, sino que hay que ser cuidadosos a la hora de valorarlas. Y esto tiene una consecuencia muy importante: que los testimonios, como todas las pruebas, pueden servir para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. O, en otras palabras, que se puede fundamentar una condena exclusivamente en testimonios.

Llegamos ya al núcleo de la cuestión: ¿qué pasa cuando la única prueba que tenemos es el testimonio de la víctima? Es lo que pasa en muchos delitos sexuales: nadie más presencia el delito, no tiene por qué haber vecinos que oigan nada, evidentemente no hay grabaciones, etc. También sucede, aunque menos, en casos de violencia de género. Pues lo que han dicho los tribunales, en reiteradas ocasiones, es que el testimonio de la víctima puede servir para fundamentar una condena sin necesidad de más pruebas. Eso sí, tiene que cumplir con tres requisitos:

  • Tiene que haber una incriminación coherente y sostenida en el tiempo. Es decir, que todas las veces que la víctima declare tiene que sostener un relato que sea igual en los puntos esenciales. Se exige que esta narración sea creíble, de tal forma que no tenga contradicciones o que las partes estén desconectadas lógicamente. Por supuesto, no es necesario que todas las veces que declare diga exactamente lo mismo, recordando los mismos detalles y con las mismas palabras: basta con que relate sustancialmente los mismos hechos.
  • Es necesario que haya corroboraciones secundarias. Me refiero a datos que, aunque no prueben directamente el hecho, apoyan la versión de la víctima. Volviendo al ejemplo de los delitos sexuales, el testimonio de la denunciante será más creíble si hay un parte de lesiones y si además declara una amiga a la que la víctima llamó en estado de nervios minutos después de que sucedieran los hechos. También entra aquí lo creíble que sea la versión exculpatoria: si el acusado cuenta una película absurda, se perjudica (1).
  • Finalmente, se valora la credibilidad del testimonio. En este punto lo que hay que descartar son los posibles móviles espurios (resentimiento, enemistad, interés) que pueda tener el denunciante. Ojo: es evidente que cualquier persona que denuncia a otra es porque busca que sea condenada, pero eso no quiere decir que estemos ante un móvil espurio. Más aún, ésta es una simple regla de cuidado: que la víctima odie al denunciado por hechos anteriores al delito no quiere decir que éste no se haya cometido. Simplemente, en estos casos el juez deberá ser particularmente diligente a la hora de valorar los otros dos requisitos. 


Hasta ahora vengo hablando de “requisitos”, pero estos tres puntos no son parámetros de validez que deben concurrir sí o sí, sino criterios de razonabilidad. Una manera bonita de decir “tiene que tratarse de un relato coherente, que se vincule con el resto de información que tenemos y con cuidado de que no se lo esté inventando para dañar al denunciado”. A mí me parecen reglas de prudencia bastante lógicas a la hora de valorar un testimonio, y desde luego están muy lejos de “te condenan sólo con la declaración de ella”.

Recordemos además que esta doctrina la ha ido decantando el Tribunal Supremo a través de años de dictar sentencia sobre los mismos temas. No es un invento reciente ni algo que derive de la malvada, malvada Ley Integral contra la Violencia de Género. Por ejemplo, y sin buscar demasiado, aquí tenéis una sentencia de 2001 (tres años antes de la LIVG) que en su FJ 4 expone esta doctrina, citando resoluciones de hasta 1992.

Así que sí, el testimonio de la víctima puede servir como prueba única de cargo y no, eso no significa que se vulnere la presunción de inocencia de nadie. Ya lo siento, pero esta opción es mucho mejor que cualquiera de las alternativas.










       (1) Un caso paradigmático de esto es el juzgado en la SAP-Baleares 99/2001. Se trata de un hombre que amenazó con un cinturón a una expareja suya, le ató las manos con él, forcejeó para tirarla sobre un sillón y bajarle pantalones y bragas y la penetró vaginalmente. En su declaración ante la Policía negó la penetración pero admitió todo lo demás. Cuando se enteró de que sólo por los hechos admitidos le podían empurar por agresión sexual, dijo que era sadomasoquismo consensuado. Evidentemente el tribunal no le creyó.




¿Te ha gustado esta entrada? ¿Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la página de Patreon de Así Habló Cicerón. A cambio podrás leer las entradas antes de que se publiquen, recibirás PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun así sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma página a la derecha tienes un botón de PayPal para que dones lo que te apetezca. ¡Muchas gracias!

martes, 17 de enero de 2017

Los carteles de Chrysallis

Uno puede deducir muchas cosas sobre de una persona a partir de la virulencia de sus enemigos. Estoy hablando, por supuesto, de la campaña de Chrysallis acerca de menores transgénero. Una afirmación tan simple como “Hay niñas con pene y niños con vulva”, acompañada de la representación gráfica de este hecho, ha desatado reacciones furibundas. Primero, las marquesinas donde se difundía la campaña fueron atacadas con spray o tapadas con papeles que se indignaban del hecho de que se hablara de la identidad sexual de niños. Luego, se han difundido fotos de los cristales destrozados y los carteles por el suelo.

Por supuesto, enseguida se autoinvitaron los del Centro Jurídico Tomás Moro, que lanzaron una campaña para que se denunciara a Chrysallis por un presunto delito de corrupción de menores, que es como se llama en jurídico a la pornografía infantil. Como todo lo que hacen los del Tomás Moro, esto no va a ir a ninguna parte. Para empezar, los delitos sexuales son semiprivados, es decir, que sólo los puede denunciar la víctima o, con ciertos requisitos, el Ministerio Fiscal. Aquí no hay víctima y el Ministerio Fiscal no se va a meter en semejante patochada.

Aun en el caso de que se iniciara un procedimiento, acabaría casi seguro en absolución. El Código Penal delimita cuatro casos en los cuales estamos ante pornografía infantil. Los tres primeros hablan de imágenes de personas reales (fotografías, vídeos), así que los descartamos. Más controvertido es el cuarto supuesto, que se refiere a “imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor”. Digo que es controvertido porque parece prohibir dibujos, lo cual no tiene mucho sentido (1), pero es que además tampoco se aplica a este caso. Para que se consideren pornografía infantil, estas imágenes tienen que tener “fines principalmente sexuales”, cosa que no ocurre en el cartel.

Es llamativo que la principal acusación que se haya hecho sobre la campaña sea precisamente este tema de la pornografía infantil. Es un caso de libro de mirada sucia. La imagen de la campaña es, conscientemente, muy inocentona. ¡Son cuatro criaturas cogidas de la mano y corriendo por el campo! Sí, van en pelotas, pero ya hay que buscarle los tres pies al gato para ver algo sexual ahí, ¿eh? Es síntoma de una relación muy enfermiza con la sexualidad, que en vez de verse como una función fisiológica más, placentera y potencialmente muy lúdica, se entiende como un signo de impureza y perversión.

Desde ese punto de vista es normal que se quiera desligar la infancia (la época inocente por antonomasia) de cualquier clase de manifestación sexual. Se entiende que los críos son una especie de muebles asexuados hasta que cumplen los dieciocho años. Es algo que tenemos inserto en nuestra cultura a niveles muy hondos. Por eso una campaña que insinúe lo contrario recibe una hostilidad tan visceral. “¡¡Son niños!!”, decía un folio que pegaron encima de uno de los carteles, como si eso lo explicara todo. Y bueno, de alguna manera lo explica, ya que todos entendemos qué ha querido decir la persona que redactó esas dos palabras, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Ha querido decir “sostened si queréis vuestra ideología antinatural, pero dejad en paz a los niños”.

Claro, el tema es que ese “dejad en paz” es ilusorio, porque los niños no son muebles asexuados, sino seres sensibles que están en pleno proceso de definición de su identidad de género. A esas edades son criaturas muy receptivas a cualquier clase de estímulo. No se les puede “dejar en paz”, porque son esponjas. No existe una educación neutra que permita un desarrollo “natural”, sea lo que sea eso, sino que siempre va a estar mediatizada por factores culturales. La decisión es entre enseñarles las opciones que existen o no, no entre un desarrollo “natural” y uno “artificial”.

En este contexto, “dejadles en paz” simplemente significa “no quiero que se enteren (ni quiero enterarme yo) de que existen opciones más allá de lo que siempre me han dicho que es la especie humana”. Lo que he puesto entre paréntesis es relevante: además de su preocupación por los niños, estos paladines de la moral no tienen ninguna gana de revisar lo que creen saber. No olvidemos que la campaña estaba dirigida a adultos: “La mayoría sufre cada día porque la sociedad desconoce esta realidad. Hablemos de ello. Su felicidad también depende de ti”, decía el cartel. Y luego venían unos cuantos datos sobre suicidios de personas trans. Demasiada información para según qué gente.

Esta campaña ha sido mediática por la violencia que ha recibido. Y, tristemente, lo mismo pasará con las siguientes que se le ocurra hacer a Chrysallis. Pero yo espero que a golpe de cambio social se vayan venciendo estas resistencias. Porque hay niñas con pene y niños con vulva, y negarlo sólo les lleva a la infelicidad.






       (1) Todas las normas sancionadoras se imponen para proteger algo. En el caso de las que castigan la pornografía infantil, lo que se busca es proteger la libertad e indemnidad sexuales de los menores de edad captados para aparecer en esta clase de material. Si hablamos de dibujos, no existe dicha víctima y no tiene mucho sentido imponer un castigo.



¿Te ha gustado esta entrada? ¿Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la página de Patreon de Así Habló Cicerón. A cambio podrás leer las entradas antes de que se publiquen, recibirás PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun así sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma página a la derecha tienes un botón de PayPal para que dones lo que te apetezca. ¡Muchas gracias!

jueves, 12 de enero de 2017

Casillas para todos

El tema de la financiación de las confesiones es peliagudo. Siempre he querido hacer una entrada explicándolo, pero por unas cosas o por otras no lo he hecho nunca. Ahora parece que es el momento apropiado, porque parece que el Gobierno quiere modificarlo, en el sentido ampliatorio del término. Se busca que otras siete confesiones tengan su casilla en el IRPF, para que puedas personalizarte tus impuestos. Vamos a hablar un poco de ello.

En España hay, digamos, cuatro grandes niveles de confesiones religiosas:

  • En primer lugar están las confesiones religiosas de base, digamos. Todas aquellas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, que están ahí haciendo sus cosas de sectas sin meterse con nadie y no están afiliadas a ninguna de las grandes marcas que dominan ese mercado.
  • Al siguiente nivel están aquellas confesiones que están implantadas en España y que tienen cierta relevancia. Son las que tienen reconocido notorio arraigo: protestantes, judíos (reconocido en 1984), musulmanes (en 1989), mormones (2003), testigos de Jehová (2006), budistas (2007) y ortodoxos (2010). Son precisamente estas siete confesiones (y las demás que pudieran obtener este estatus, como la hinduista) las que se verían beneficiadas de las nuevas casillas en la declaración del IRPF.
  • Un poco por encima están las tres confesiones que, además de tener notorio arraigo, tienen acuerdos con el Estado. Son los protestantes, judíos y musulmanes: los acuerdos se firmaron en 1992 y se plasmaron en leyes. Son muy similares entre sí: regulan los lugares de culto, los dirigentes religiosos, la asistencia religiosa, etc. Con estos acuerdos se concedió eficacia civil al matrimonio religioso celebrado por estas tres confesiones y se abrió la posibilidad de enseñar estas religiones en los centros públicos. 
  • Finalmente está la Iglesia católica, que ni está inscrita en el RER ni ha tramitado el notorio arraigo. Los acuerdos con ella se hacen mediante tratado internacional, el famoso concordato.


¿Por qué cuento todo esto? Porque creo que esta estratificación explica muy bien la política religiosa que se sigue en este país, nos gobierne quien nos gobierne. En pocas palabras: tenemos a una confesión muy poderosa, la Iglesia católica, con unos privilegios jurídicos y sociales muy complicados de justificar en una sociedad cada vez más pasota en materia religiosa. Estos privilegios no se pueden tocar, así que hay que hacer algo para legitimarlos. ¿Qué? Efectivamente: extenderlos a las demás confesiones que tengan notorio arraigo. Que dejen de ser los privilegios de la Iglesia para ser los privilegios de las distintas confesiones que pueblan este país diverso y multicultural.

La técnica seguida para cumplir este objetivo ha ido cambiando. En los ’90 sólo había tres colectivos con esta condición (recordemos: protestantes, judíos y musulmanes) y lo que se hizo fue llegar a acuerdos bilaterales Iglesia-confesión. Ahora esa vía ya no es factible, porque habría que tratar con siete entidades (1), así que lo que se tiende es a hacer normas generales que beneficien a todas las confesiones que tengan notorio arraigo. Por ejemplo, en 2015 se reformó el Código Civil para dar efectos jurídicos a los matrimonios celebrados por sacerdotes de confesiones con notorio arraigo (2). Parece que el tema de la casilla en el IRPF va a ser igual: legislación y multiplicación de casillas.

La casillita ha recorrido un largo camino. Aparece en el Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 1979 como un sustituto a la dotación presupuestaria. Efectivamente, durante los siglos XIX y XX el Estado español incluía en sus presupuestos una asignación a la Iglesia como compensación por la desamortización. En 1979 se supone que esta dotación desapareció, pero en la práctica se mantuvo hasta 2006, ya en la época de Zapatero (3). Es ahí cuando la casilla empieza a implementarse de verdad y, si os fijáis, cuando la Iglesia comienza con su campaña publicitaria anual para que se marque.

Pero hay una cuestión, y es que la casilla se supone que era provisional, hasta que la Iglesia cumpliera el objetivo de autofinanciación. Por supuesto, casi cuarenta años después, podemos asumir que ese objetivo era mentira, y así lo han ido entendiendo los diversos actores. En los documentos generados en 2006 para implementar este medio de financiación ya se dice, negro sobre blanco, lo que era evidente: que del nuevo sistema se espera que sea estable y tenga carácter indefinido.

Sí, la casilla ha llegado para quedarse, y eso es lo que explica que se esté planeando extenderla. Lo que intentan, como digo, es legitimar la casilla de la Iglesia católica: la pregunta ya no será “¿es justo que la Iglesia tenga su casilla?”, sino “¿es justo este sistema de financiación a las confesiones?” En otras palabras, se trata de igualar por arriba: si todos reciben una parte del pastel, nadie se queja. Salvo los laicistas, claro, y ya se sabe cuánto se nos escucha en este país.

No voy a dejar de repetirlo: el dinero que destinas a la Iglesia católica (o a fines sociales, o a las confesiones de notorio arraigo si esta propuesta sale adelante) es dinero público. Concretamente, es parte de la cuota que le debes al Estado –o, incluso, que ya le has pagado– en concepto de IRPF. No es tu dinero en ningún sentido: simplemente, el Estado te deja decidir a qué se destina una pequeña parte de los impuestos que le pagas. Ese es el reverso de la alegre afirmación “no pagas más impuestos por ello”.

Voy a terminar llamando la atención sobre un tema. Sólo dos días después de conocer la noticia que inspira esta entrada, hemos sabido que el porcentaje de bodas por la iglesia se ha desplomado, lo cual es muy lógico. Y sin embargo, el Estado pretende acercarse a las confesiones religiosas con casillitas en el IRFP. Incluso se habla de introducir festividades musulmanas en el calendario laboral. Y esto lo hace, no lo olvidemos, el PP: el partido de derecha rancia y de inspiración católica. Creo que no es paranoia ver en estas maniobras un intento de defender a sus queridos obispos.

Por suerte, el proceso de secularización social avanza imparable. Al final, da igual lo que hagan desde los poderes públicos: las iglesias están vacías y no van a volver a llenarse.









(1) Con el agravante de que muchas de estas confesiones no tienen una única estructura jerárquica, y el Gobierno tiene que negociar con federaciones compuestas de muchas pequeñas congregaciones.

(2) Si no has oído hablar de esto es porque aún no está en vigor. Entrará el 30 de junio de este año.

(3) Podéis leer un resumen completo de todos los trucos que usaron para mantener una dotación presupuestaria de facto en este artículo del buen @Indvbio.




¿Te ha gustado esta entrada? ¿Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la página de Patreon de Así Habló Cicerón. A cambio podrás leer las entradas antes de que se publiquen, recibirás PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun así sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma página a la derecha tienes un botón de PayPal para que dones lo que te apetezca. ¡Muchas gracias!

martes, 3 de enero de 2017

Seis personajes en busca del dominio público

No sé mucho de derecho de la propiedad intelectual, lo cual me coloca en franca desventaja profesional, dado que estoy rodeado de creadores. Yo mismo lo soy, y sin embargo de este asunto estoy muy pez. Así que cuando aparecen noticias de este tipo y me piden opinión, simplemente sonrío, asiento y dejo que hablen los que saben, que con mucha frecuencia son más creadores que abogados.

Así que me quedé igual de sorprendido que todo el mundo cuando leí que el 1 de enero pasan a dominio público las obras de todos los autores muertos en 1936. Eso incluye a diversos autores españoles bastante conocidos, tanto literatos como políticos: Valle-Inclán, García Lorca (1), Unamuno, Muñoz Seca, José Antonio Primo de Rivera o Maeztu. Sucede lo mismo con escritores europeos como Rudyard Kipling, Luigi Pirandello o G.K. Chesterton (2). Ante este hecho, a mí me surgen dos preguntas: ¿cómo es que pasan a dominio público las obras de todos estos autores? Y, la segunda: ¿qué significa que una obra esté en el dominio público?

La primera nos la responde amablemente Jónatan Sark, gran librero y mejor persona. Si no os apetece leeros el hilo de Twitter, allá va un resumen: la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 (sí, del siglo XIX, no es una errata) establecía que el plazo hasta que una obra pasaba a dominio público era de 80 años desde la muerte del autor. En 1987 se dictó una nueva norma, armonizada con la regulación europea, que redujo el plazo, pero con una excepción muy importante: las obras de los autores fallecidos antes de que entrara en vigor esa ley (7 de diciembre de ese año) mantenían el plazo de 80 años.

La ley actual, de 1996, ha conservado la misma previsión. Esto es muy importante porque, aunque esta ley dice que el plazo es de 70 años, va a pasar mucho tiempo antes de que éste sea aplicable. Como hemos visto, sólo se aplicará a los autores muertos después del 7 de diciembre de 1987: es decir, nos plantamos en el año 2057 para que la norma actual empiece a dar sus primeros frutos. Mejor que no nos creamos demasiado el plazo de 70 años y apliquemos el de 80 para cualquier autor medianamente antiguo.

Eso quiere decir que las obras de todos los autores muertos en 1936 pasaron al dominio público, efectivamente, a los ochenta años de la fecha del deceso: en 2016. ¿Y entonces, por qué se aplica la fecha del 1 de enero del año siguiente? Pues es un criterio de cómputo establecido en la ley, que se ha acabado aplicando también a los derechos de autor de autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 porque lo hace todo mucho más fácil. Es más sencillo llevar la cuenta si lo hacemos por años enteros que si tenemos que meternos a determinar qué día murió cada autor. También facilita mucho las cosas a la hora de mantener un registro, puesto que sólo hay que actualizarlo una vez al año. Y total, si has esperado ochenta años para tener esas obras disponibles, otros seis u ocho meses ya te dan igual.

Vale: entonces, tenemos claro que la obra de Valle-Inclán, por ejemplo, está en el dominio público. ¿Qué quiere decir eso? Para responder hay que entender que todo autor tiene dos grandes clases de derecho sobre su obra: los derechos de explotación y los derechos morales.
  • Los derechos de explotación son los económicos: reproducir la obra, distribuirla mediante ejemplares, comunicarla públicamente sin distribuir ejemplares (representarla si es teatro, proyectarla si es una obra audiovisual, colgarla en un museo si es arte, etc.) y transformarla (traducirla, adaptarla, etc.). Se trata, digamos, del derecho a realizar actos por los cuales se puede cobrar. Estos derechos se pueden ceder y son independientes entre sí.
  • Los derechos morales tienen que ver más con la condición de autor que con el dinero: decidir cómo se divulgará la obra y si es bajo nombre real o bajo pseudónimo, retirarla del comercio, modificarla, acceder a los ejemplares raros que fueran propiedad de otro, etc. Estos derechos morales no se pueden ceder y no se puede renunciar a ellos. La mayoría están tan vinculados a la personalidad del autor que se extinguen tras su muerte: fallecido un escritor, por ejemplo, sus herederos ya no pueden modificar la obra, sacarla del mercado o acceder a ejemplares raros.

Después de la muerte del autor, son sus herederos los que deben ejecutar los derechos de explotación y los escasos derechos morales que no han quedado extintos. Para ello tienen el plazo que hemos discutido más arriba, que será generalmente de 80 años. Esto quiere decir que, en caso de autores exitosos, hay tiempo suficiente para enfangarse en litigios y broncas familiares que abarquen cuatro generaciones distintas.

Y luego, una vez pasado ese plazo, los derechos de explotación se extinguen y la obra pasa al dominio público. En ese momento, cualquiera puede coger la obra y difundirla, reproducirla, adaptarla a otro medio, etc. ¿Sin límite? No: con dos límites, los dos únicos derechos morales que subsisten. Primero: hay que acreditar al autor. Y segundo: hay que respetar la integridad de la obra e impedir atentados contra ella que afecten a la reputación del autor. ¿Eso qué significa? Un ejemplo de Rafael Reig lo explicaba muy bien: nadie tiene derecho a coger uno de sus cuentos y publicarlo en una “Antología de autores pederastas”, por mucho que hayan pasado 70, 80 o 200 años.

Hay una última cosa que quiero matizar. Conforme, desde ayer Seis personajes en busca de autor está en el dominio público. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo coger esa obra de teatro y subirla a Internet siempre que acredite que la escribió Luigi Pirandello. Pero lo que no puedo hacer es distribuir la edición traducida que tengo por casa, porque estaría vulnerando los derechos del traductor. De la misma manera, si tengo acceso a una edición comentada de Luces de bohemia o a un Quijote con el lenguaje actualizado, no debo olvidar que esos comentarios y esa actualización del lenguaje tienen sus propios autores. En definitiva, el hecho de que una obra esté en el dominio público sólo te permite distribuir su texto original, puesto que toda modificación posterior está sometida a los derechos de autor de quienes la practicaron.

Termino ya, y lo hago diciendo que me alegro que haya cada vez más obras en el dominio público. Como ya he dicho, no sé demasiado sobre derechos de autor. Sin embargo, es un tema que me resulta problemático: una cosa es que un autor tenga derecho a obtener lucro del producto de su trabajo, e incluso a dejarle una buena herencia a sus descendientes. Otra muy distinta, que éstos puedan determinar, durante casi tres cuartas partes de un siglo, qué pasa con la obra original. Quizás va siendo hora de darle una pensada a los plazos, ¿no?









(1) El caso de Lorca es especial porque no está determinada la fecha de su muerte en ningún documento oficial ni se ha encontrado su tumba. Por ello se le computaría como desaparecido y se tendría que estar a la fecha de su declaración de fallecimiento, que es diez años después de su desaparición. Pero, como parece más o menos claro que murió en 1936, la Biblioteca Nacional le incluye en su catálogo de autores cuyas obras están en dominio público.

(2) La legislación española de propiedad intelectual regula cómo funcionan los derechos en España. Puede darse perfectamente la situación de que una obra esté en el dominio público en un país y no lo esté en otros. Más en concreto, la ley española se aplica a autores comunitarios como si fueran españoles, mientras que a autores de terceros Estados les ponen alguna traba más.



¿Te ha gustado esta entrada? ¿Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la página de Patreon de Así Habló Cicerón. A cambio podrás leer las entradas antes de que se publiquen, recibirás PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun así sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma página a la derecha tienes un botón de PayPal para que dones lo que te apetezca. ¡Muchas gracias!

martes, 27 de diciembre de 2016

Un meme del rey

Cuando hace un par de años Juan Carlos I abdicó en su hijo, la intención estaba clara: regenerar la monarquía. Una nueva cara al frente del negocio familiar, más joven, que no estuviera pringada en cacerías africanas, amantes conseguidoras y sospechas de corrupción. Alguien que pudiera acercar la monarquía a un pueblo cada vez más cabreado. Y por fin se ha conseguido. Felipe VI ha logrado lo que ya tenían todos los líderes políticos (algunos en grandes cantidades) pero que su padre nunca consiguió: su propio meme.

Me refiero, claro está, a la imagen del monarca cerrando los puñitos mientras da su discurso de Navidad, que ha dado la vuelta al Twitter español acompañada de comentarios más o menos ingeniosos o modificada para hacer gracia. Siempre me he preguntado cómo debe sentirse alguien en el momento en que le sacan una foto que se va a usar para hacer un meme. En este caso, lo de cerrar los puños para ejemplificar el concepto “encerrarnos en nosotros mismos” (algo supuestamente muy malo), ¿es un tic o estaba ensayado? Yo creo que es un tic, porque lo repite muchas veces a lo largo del discurso (1), pero lo sea o no: ¿pensaría al hacerlo que se iba a volver viral?

Supongo que tiene que ser muy cómodo, de todas formas, saber que tienes a la Fiscalía de tu lado si alguno de esos molestos tuiteros se pasa un pelo. Y es que, al ver los memes, no he podido evitar que se me pasara por la cabeza la condena a dos dibujantes de El Jueves por decir, en la portada de dicho semanario, que la persona que ahora ocupa el puesto de rey de España (y que en aquel momento era príncipe de Asturias) es un vago. Supongo que, aunque sucedió hace casi diez años, se recordará, puesto que fue un caso muy sonado y la Audiencia Nacional hizo mucho el ridículo exigiendo “el molde” de dicha viñeta.

En España los insultos (que, en jurídico, se llaman “injurias”), se castigan tanto si se dirigen contra particulares como si se lanzan hacia las instituciones. Así, se castiga la injuria hecha contra una persona (artículo 208 CPE), contra los miembros de la Corona en el ejercicio de sus funciones (artículo 490.3 CPE), contra las Cortes Generales y Asambleas autonómicas (artículo 496 CPE), contra distintos órganos gubernamentales y jurisdiccionales  y contra las Fuerzas de Seguridad (artículo 504 CPE). Esto tiene cierto sentido.

Lo que ya no tiene tanto sentido es la especial protección que reciben los miembros de la Corona, definidos además de forma muy amplia: el monarca reinante, sus ascendientes y descendientes, su cónyuge, los miembros de la Regencia (si la hubiera) y el príncipe de Asturias (2). Para empezar, en todos los artículos que he citado se exige, para castigar unas injurias, que éstas sean graves (3). No vamos a castigar a alguien penalmente por llamar “gilipollas” a otro. ¿En todos los artículos? ¡No! El artículo 490.3 CPE castiga al que injuriase a los miembros de la Corona cuando estuviesen “en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas”, tanto si la injuria es grave como si no lo es. La norma reconoce expresamente ambos supuestos, a los que asigna penas distintas: las injurias leves se castigan con una multa y las graves con prisión. Esto es otra excepción curiosa, porque el resto de injurias previstas en el Código Penal se castigan con una simple multa o, como mucho, con localización permanente.

Pero no se vayan, que aún hay más. Porque justo después del artículo 490 viene (lógicamente) el 491, que castiga con una pena de hasta veinte meses de multa las injurias contra los miembros de la Corona cuando éstos no estuviesen en ejercicio de sus funciones. Para que se me entienda: si yo voy en coche, me choco con el presidente del Gobierno y me pongo a insultarle, se considerará una injuria contra un particular. Si en el otro vehículo va el rey de España, por el contrario, mis insultos se consideran un delito contra la Corona, que tiene una pena mayor y además es competencia de la Audiencia Nacional.

Esto me da escalofríos, porque es un residuo de una concepción de la monarquía tremendamente medieval: el cargo de rey no es algo que se ejerza, sino algo que se es. El rey es rey hasta cuando caga: insultar al monarca aunque la causa del insulto sea estrictamente particular siguen siendo insultar al monarca, y por ello merece pena mayor que meterse con cualquier mindundi. Podríamos ponernos a discutir si esta visión de las cosas es realmente separable de la monarquía, pero no me quiero meter en eso todavía. Porque el artículo 491 CPE tiene un segundo párrafo.

En él se castiga, con una pena de hasta dos años de multa (4) al que utilice la imagen de un miembro de la Corona “de cualquier forma que pueda dañar el prestigio” de dicha institución. Éste es el delito por el que condenaron a los dibujantes de El Jueves y por el que probablemente acabarán sancionados los miembros de la CUP que quemaron fotos del monarca hace un par de semanas. De nuevo: quemar fotos del presidente del Gobierno no es delito, al contrario que hacer lo mismo con fotos del monarca.

Además, es un tipo penal que da verdadero miedo, porque no castiga a quien dañe el prestigio de la Corona, sino a quien realice actos que puedan dañarlo. ¿Eso qué es, cómo se concreta? Pues no se sabe. En la sentencia que condenó a los dos dibujantes de El Jueves se dijo que llamar vago al heredero de la Corona podía dañar el prestigio de dicha institución, más aún cuando en la portada lo que se pretendía era cuestionar una decisión del Gobierno (el cheque bebé) en la que dicho príncipe no había intervenido. La sentencia se centra mucho, precisamente, en que el príncipe de Asturias no tiene relación alguna con la medida que se criticaba y que por tanto, mencionarle era “innecesario”.

Y aquí volvemos al tema de los memes. Si la Audiencia Nacional decidió que un chiste a costa del príncipe era innecesario si lo que se pretendía era criticar al Gobierno, ¿qué no pensará de los memes, que son el humor por el humor, sin ninguna intencionalidad más allá de echar unas risas modificando una imagen que ya de por sí es chocante? ¿Puede dañar el prestigio de la Corona hacer un fotomontaje del rey peleándose con alguien o con Esperanzas Aguirre en las manos? ¿Y ponerle un texto alusivo al Caraanchoa u otro escrito en cani? Pues a saber. Uno diría que no, pero también me parece absurda la condena a los dibujantes de El Jueves y ahí está.

Por suerte, creo que las dudas del párrafo anterior se quedarán en eso, en dudas teóricas. No veo yo al Ministerio Fiscal iniciando procedimientos por este asunto, especialmente si lo que se intenta es mantener a la Corona apartada de los escándalos políticos. Pero oye, nunca se sabe: este país es muy suyo para sus cosas, y cualquier día nos despertamos con una redada hecha contra tuiteros que se rieron un poquito de su jefe de Estado. Cosas más raras se han visto.

Eso es precisamente lo que me molesta de todo este asunto: que, en este país, todo lo que se refiere a la monarquía es excepcional. Normalmente quemar la foto de un particular no es delito, pero si resulta que ese particular es el padre o la hija del rey (porque, recordemos, Juan Carlos de Borbón ya no tiene función constitucional alguna, y la niña Sofía carece de edad para tenerla) te puedes comer hasta dos años de multa. ¿Qué sentido tiene? Ninguno, pero tampoco la tiene la práctica totalidad de la regulación de la monarquía en este país.

Al final la monarquía no es más que un residuo de tiempos predemocráticos. Un sistema completamente absurdo, que sólo es compatible con la democracia si convertimos al rey en un figurón más bien decorativo. Y aun así siguen quedando todos esos espacios de excepción, que no son más que la prueba de que somos incapaces de ver al rey como el primer magistrado del país. Los reyes siguen teniendo un aura de intangibilidad que da bastante repelús.

En esas condiciones, igual lo mejor sería no tener reyes.






(1) Yo he contado nueve veces, la mayoría al final del vídeo, de forma casi seguida: minutos 1:51, 8:30, 11:20 (durante varios segundos), 11:27, 11:34, 11:47, 12:17, 12:20 y 12:25 (se ve el puño varias veces y se intuye que lo tiene también cerrado fuera de plano).

(2) Es cierto que en la práctica totalidad de casos el príncipe o princesa de Asturias será descendiente del rey, pero supongo que se quiere proteger el marcianísimo supuesto de que no lo sea. Por ejemplo, si ahora mueren Leonor y Sofía de Borbón, pasa a ser princesa de Asturias doña Elena, que es hermana (no hija) del monarca.

(3) Antes las injurias leves eran falta. Ahora son lo que se llama “delito leve” pero sólo cuando se producen entre parientes.

(4) La más alta pena de multa de todas las injurias que castiga el Código.




¿Te ha gustado esta entrada? ¿Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la página de Patreon de Así Habló Cicerón. A cambio podrás leer las entradas antes de que se publiquen, recibirás PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun así sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma página a la derecha tienes un botón de PayPal para que dones lo que te apetezca. ¡Muchas gracias!

domingo, 18 de diciembre de 2016

¿Y por qué no se va a una mezquita a enseñar las tetas?

Supongo que será vanidad, pero me encanta predecir algo y que se cumpla. Cuando analicé la sentencia que condenó a Rita Maestre por un delito contra los sentimientos religiosos dije lo siguiente: “aunque en derecho no hay nada seguro, creo poder afirmar que será anulada en apelación”. Y luego daba una razón que me permitía afirmar eso. Pues bien: el otro día salió la sentencia de apelación que, efectivamente, absuelve por completo a la concejala madrileña, precisamente por el motivo que yo había aducido como insoslayable. 

Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una serie de puntualizaciones. Observo que hay muchos fachas rabiando contra esta sentencia porque “ahora entrar en una capilla y amenazar a los cristianos sale gratis” y que “vaya con el distinto rasero de los delitos de odio”. Cuando les preguntas de qué amenazas y de qué delitos de odio están hablando, te sacan textos de medios de ultraderecha o de blogs como el de Elentir, según los cuales las manifestantes gritaron “arderéis como en el ‘36” mientras asaltaban la capilla y se quedaban en sujetador.

Sobre esto hay que decir varias cosas. La primera, que Maestre sólo fue acusada (y condenada) por un delito de profanación, que consiste en maltratar las cosas sagradas. Nadie le acusó de amenazas y nadie le acusó de un delito de odio. Nadie. Ni siquiera la acusación particular, el siempre activo centro jurídico Tomás Moro, intentó esa vía. Consecuentemente, la jueza que le condenó por profanación no se pronunció sobre si además había cometido amenazas o delito de odio (1). Un juez no puede imponer una condena que no le piden las partes.

En cuanto a la frase “arderéis como en el ‘36”, tengo una triste noticia: probablemente no se dijo. La propia jueza que condenó a Maestre no consideró probado que se profiriera (FJ 1), puesto que, de las cinco personas que estaban en la capilla en el momento del asalto, sólo una se refirió a ella de forma espontánea cuando le preguntaron en el juicio. Los demás testigos no la mencionaron o incluso declararon expresamente que no la oyeron. Y debe ser cierto que no se dijo, porque a poco que los del Tomás Moro hubieran tenido claro que se pronunció, habrían acusado por un posible delito de odio (2). Si ni siquiera ellos usaron esa frase como fundamento de una acusación es que se la inventó uno de los testigos.

El mismo razonamiento se aplica a la frase “el papa no nos deja comernos las almejas”, también muy publicitada en la prensa y que, según la sentencia condenatoria, tampoco resulta probado que se dijera. De nuevo, sólo uno de los testigos la menciona. Por contrastar: las frases que la jueza sí que consideró probadas (3), lo están porque los cinco testigos fueron unánimes al mencionarlas. Recordemos que en todo momento estoy hablando de la sentencia de primera instancia, la que condenó a Maestre. Así que, por favor, antes de hablar de este caso, informaos un poco y, a ser posible, leed las dos sentencias.

Pasamos ya a analizar la sentencia absolutoria. Como he dicho, Maestre fue condenada por un delito de profanación. El Código Penal no define “profanar”, pero la RAE sí lo hace: “tratar algo sagrado sin el debido respeto”. Me parece una definición apropiada. El delito de profanación sólo se castiga si se comete en un templo o lugar asimilado y si se comete con la finalidad de ofender los sentimientos religiosos. Estoy dejando tan claro esto porque hay mucha gente muy rabiosa diciendo que Maestre ofendió a la religión y agredió los sentimientos de los cristianos. Eso será cierto o no, pero es irrelevante a efectos penales. Lo que hay que preguntarse aquí es: los actos de Rita Maestre, ¿cuadran dentro del tipo penal de profanación? Lo demás no nos importa.

Cuando analicé la sentencia condenatoria, le encontré tres importantes pegas:
  1. No está probado que Maestre hiciera nada más que quedarse en sujetador. No se demostró que llevara carteles, que leyera el manifiesto, que se diera besos con otras mujeres ni que coreara consignas, cosa que hicieron varias de las integrantes del grupo. Para imputarle todos estos hechos, la sentencia condenatoria acude a una interpretación bastante cuestionable de la coautoría (4).
  2. Maestre fue condenada por profanar el altar, pero ni ella ni ninguna de sus compañeras tocó dicha mesita. Tampoco escupieron sobre ella, le colocaron carteles encima ni le hicieron nada: simplemente la rodearon para leer el manifiesto.
  3. El delito de profanación exige, para ser apreciado, ánimo de ofender. Normalmente, en la mayor parte de casos que saltan a las noticias, la acusación fracasa por esto: porque el ánimo principal es de burlarse o de criticar a la Iglesia, y el deseo de ofender es muy secundario. A mi juicio, pasa lo mismo aquí… y, pese a ello, Maestre fue condenada.


El abogado de Rita Maestre debe haber visto exactamente las mismas pegas, pues ha recurrido estos tres puntos, y además en el mismo orden. Es también el orden en el que los resuelve la Audiencia Provincial. Rápidamente descarta el primer motivo: afirma que la coautoría estuvo bien aplicada. Luego analiza el segundo motivo, y ya ahí le da la razón a Maestre. Teniendo en cuenta eso, ya no entra a valorar el tercer motivo.

La sentencia acierta al absolver a Maestre. Mientras que los puntos 1 y 3 pueden debatirse, el segundo no. Es contrario a toda lógica que podamos condenar a alguien por profanar algo que no ha tocado. Así lo aprecia la Audiencia Provincial, que acude a las escasas sentencias que hay sobre el tema. En todas ellas, la profanación “tenía un claro componente ofensivo mucho más intenso, que no se aprecia en el que nos ocupa, y además con desarrollo de actos físicos sobre objetos inequívocamente susceptibles de esa profanación”. Habla de casos relativamente recientes pero que no han salido en prensa: tirar al suelo una hostia consagrada, escupir sobre la estatua de la Virgen, romper cruces de iglesias, etc.

Sigue la sentencia analizando qué tienen en común estos casos. En todos ellos “se reflejan situaciones o actos físicos de claro contenido profanador en la medida en que implican un trato directo vejatorio, físicamente violento, contra algún elemento básico de la liturgia católica o de las representaciones propias de esta religión”. Aquí no ha pasado eso. Las asaltantes de la capilla de la Complutense “no tocaron el sagrario, no alteraron la disposición del altar (…), no accedieron a ningún elemento de la capilla, no llevaron a cabo actos obscenos ni grotescos (un beso difícilmente puede ser calificado de tal) y salieron a continuación”. En definitiva, no estamos ante un “acto físico de profanación, pues no llegaron a entrar directamente en contacto con ningún objeto sagrado”.

La Audiencia Provincial termina diciendo que es comprensible que algunos católicos puedan sentirse ofendidos ante los actos de Maestre, pero que éstos no son más que rupturas de normas sociales, no un delito. En definitiva: “En una sociedad democrática avanzada como la nuestra que dos jóvenes se desnuden no debe ya escandalizar a nadie, como tampoco el hecho de que algunos de ellos se besen sí. (…) Desde luego, no es lo mismo desnudarse en un lugar público que hacerlo en el interior de una iglesia, pero una cosa es la falta de respeto a las normas comunes de vestimenta en determinados lugares y otra que dicha falta de respeto y decoro (…) constituya un ilícito penal (…). Entiende este Tribunal que esta consideración como delito debe producirse, interpretando la voluntad del legislador, cuando se trata de un acto de profanación claro, directo, evidente y, por supuesto, físico”.

“Todo eso está muy bien”, dirá alguno de los filósofos que pululan por ahí, pero “¿y por qué no se desnuda en una mezquita? ¡Seguro que tiene miedo!” Esta objeción me alucina. Es evidente que quien la suelta, muy orgulloso de las conclusiones a las que es capaz de llegar, no sabe lo que está mostrando sobre sí mismo. Lo que enseña es un deseo apenas disimulado de que Maestre haga algo similar y resulte agredida (5). Así podrían alegrarse (disimuladamente) de que la concejala haya recibido lo que merece y, a la vez, pavonearse acerca de lo bueno que es el cristianismo que no ataca ni siquiera a los que le ofenden.

Hablando de mezquitas, también he visto a varias personas denunciar una supuesta cristianofobia porque “seguro que si lo hubiera hecho en una mezquita sí la habrían condenado”. Menciono este tipo de rebuznos porque me hizo mucha gracia ver que, en la sentencia absolutoria, la Audiencia Provincial responde a ellos. Equipara la ruptura de la norma social que cometió Rita Maestre con la que podrían cometer unas mujeres musulmanas que entraran en una mezquita sin velo. Y remata: “para quienes profesan el islam, el acceso a una mezquita de una mujer sin velo (…) puede constituir un atentado a sus normas tanto como para algún católico hacerlo desnudo en una iglesia, si bien tales hábitos o conductas (…) difícilmente pueden ser calificadas dentro de un sistema democrático como constitutivas de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos”.

Así pues, todo ha acabado bien. La voz de la razón ha triunfado y una sentencia absurda ha sido anulada. Sobre Rita Maestre ya no pesan antecedentes penales y puede seguir con su trabajo tranquila. Y si alguien le pregunta por qué no va a desnudarse a una mezquita mi consejo es que responda con una apelación incontestable a su libertad personal: “porque no me sale de las narices”. Y muy bien hecho que estará.












(1) En la sentencia absolutoria, la Audiencia Provincial valora que quizás la actuación de Maestre pudo constituir una falta de coacciones leves, prevista en el antiguo artículo 620.2 CPE y castigada con un máximo de 20 días de multa. La escasa violencia cometida por las asaltantes podría entrar ahí. Pero esa falta, como todas, ha desaparecido del Código Penal: se ha convertido en un delito leve de coacciones, que ahora sólo se aplica si se comete entre parientes. Así que tampoco se puede juzgar a Maestre por esto.

(2) De amenazas no, porque “arderéis como en el 36” no es una amenaza lo suficientemente creíble como para castigarse.

(3) “Vamos a quemar la Conferencia Episcopal”, “menos rosarios y más bolas chinas”, “contra el Vaticano poder clitoriano” y “sacad vuestro rosarios de nuestros ovarios”.

(4) La coautoría es la figura en la cual hay dos o más autores del mismo delito.

(5) Cuando dije esto en Twitter varias personas me dijeron “ah, ¿o sea que si Maestre hiciera esto sería agredida? ¡Pues vaya con la religión de paz!”, mostrando una vez más que la comprensión lectora es un bien escaso.




¿Te ha gustado esta entrada? ¿Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la página de Patreon de Así Habló Cicerón. A cambio podrás leer las entradas antes de que se publiquen, recibirás PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun así sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma página a la derecha tienes un botón de PayPal para que dones lo que te apetezca. ¡Muchas gracias!